En los últimos tiempos hemos oído a prominentes políticos pro-aborto
repitiendo el mensaje: "No les digo a los líderes de la Iglesia lo que tienen
que hacer, y los líderes de la Iglesia no deberían decirle a los funcionarios
públicos que hacer." Esta es la forma en que resumen su consideración sobre la
"separación entre Iglesia y Estado."
Sin embargo, pareciera que de hecho en los últimos años los funcionarios
públicos le han dicho a los líderes de la Iglesia que hacer a medida que estos
se aplicaban a los problemas relacionados con abuso de menores. Y al abocarse a
este problema los funcionarios públicos están cumpliendo con su deber. Después
de todo, tienen que proteger a los niños, sin importar quienes sean los
abusadores.
Los funcionarios públicos que encaran éste problema no le están diciendo a la
Iglesia lo que tiene que creer, que sacramentos administrar o cuales son las
oraciones y lecturas de la misa dominical. Todas estas cuestiones y otras quedan
para que las administren las autoridades propias de la Iglesia en una legítima
autonomía y "división del trabajo".
No obstante, es obvio que cuando los líderes de la Iglesia dejan de proteger
la vida inocente el Estado tiene el derecho y la obligación de intervenir. El
Estado no puede pretender ser libre para ignorar estos abusos a causa de la
"separación de Iglesia y Estado." El sufrimiento humano no puede sepultarse en
abstracciones.
Lo mismo ocurre en el caso opuesto. Aunque la Iglesia no establece reglas
para la distribución del correo, o los límites de los condados, o la
administración del ejército, sin embargo, a ella le toca decirle al Estado
alguna que otra cosa. Esto es especialmente cierto cuando el Estado falta a su
deber de proteger a la niñez inocente, o cualquier otra persona, en materia de
sus derechos humanos fundamentales. Una vez más, el sufrimiento humano no puede
sepultarse en abstracciones sobre la "separación de Iglesia y Estado". Tanto la
Iglesia cómo el Estado tienen la obligación de defender a los seres humanos, y a
menos que se apoyen mutuamente en esta tarea común, ninguno puede hacerlo con
propiedad.
La gente siempre debe tener libertad de culto. La verdad que la Iglesia
proclama tiene su propio poder para atraer a la gente hacia ella. Las creencias
no son algo que se imponga por ley. Sin embargo, la ley debe limitar lo que el
creyente puede hacer. ¿Qué diríamos de alguien que lo mata a Ud. porque "no
cree" que su vida sea valiosa? No es su creencia la que violó la ley, sino su
acción contra Ud. ¿No deberían los funcionarios públicos tomar posición contra
esa acción, aún defendiendo la libertad de culto del criminal?
Como algunos no creen que la vida de un niño por nacer es tan valiosa como la
suya o la mía, el asesinato por aborto es el más obvio campo de batalla de este
punto.
Un funcionario público dijo recientemente que esta no es la "República
Católica de América." Estoy totalmente de acuerdo. Estos son los Estados Unidos,
orgullosos de su libertad de culto, e igualmente orgullosos de su protección de
los derechos humanos. Ambos pueden ir de la mano, si reconocemos que la
"separación entre Iglesia y Estado" nunca puede significar que uno de ellos mira
para otro lado cuando se violan derechos humanos.
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