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Manteniendo Seguros a los Niños

Fr. Frank Pavone
National Director, Priests for Life

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Más de la mitad de los estados tienen leyes que requieren que uno de los padres de un menor sea notificado antes de practicar un aborto a un menor. Algunas de esas leyes que involucran a los padres requieren el consentimiento de uno de ellos; otras solo requieren que uno de los padres sea informado. Estas medidas de sentido común gozan de gran apoyo entre el público y algunas encuestas ubican ese apoyo alrededor del 80%.

Muchos de los que buscan un aborto no lo hacen por que haya "libertad de elección" sino porque sienten que no tienen libertad ni elección. En muchos casos la joven embarazada tiene padres que la aman, pero tiene miedo de herirlos o decepcionarlos. Como resultado de esto aquellos que realmente pueden ayudarla son los últimos que se enteran. Las leyes que involucran a los padres restablecen la conexión entre la joven asustada y sus propios padres, permitiéndole a esta descubrir que su miedo al rechazo de sus padres es infundado mientras les ofrece a los padres la posibilidad de prestar a su hija la ayuda y dirección que necesita.

Como es predecible, hay estudios que demuestran que en aquellos lugares en que están vigentes esas leyes tienen como resultado una reducción en el número de abortos.

Pero el aborto es un negocio, y quienes lo practican actúan en consecuencia. Las leyes que involucran a los padres afectan los negocios de las clínicas, por eso los grupos que abogan por el aborto se oponen a estas leyes en cada oportunidad que se les presenta.

Más aún, las clínicas de aborto en los estados que no tienen esas leyes promocionan ese hecho, y hay gente que lleva menores de un estado a otro para escapar de la ley que requiere que los padres se involucren. Por supuesto, hombres adultos que han cometido estupro al haber mantenido relaciones sexuales con menores son quienes tienen mayor probabilidad de transportar un menor de esta forma. Investigaciones encubiertas han establecido y de hecho la evidencia está accesible al público que las clínicas de aborto ayudan habitual y rutinariamente a predadores sexuales a encubrir su actividad al negarse a denunciarlos a las autoridades.

Para proteger el bienestar de las menores y los derechos de los padres, el Congreso tiene el deber de regular esta actividad interestatal. La Cámara de Representantes ya ha sancionado en abril de 2005 un proyecto de ley titulado Ley de Notificación de Aborto Interestatal de Niños (Child Interstate Abortion Notification Act - CIANA) (H.R. 748) que establece que transportar un menor a través de las fronteras de un estado para evitar una ley que involucra a los padres es un delito.

En el Senado, la Ley de Protección de la Custodia de Niños (S. 403) es similar. Declararía un delito federal transportar a un menor a otro estado para que se le practique un aborto sin cumplimentar los requisitos de una ley que involucre a los padres que se encuentre vigente en el estado donde se domicilia el menor.

Los legisladores pro-aborto han introducido enmiendas al proyecto que harían excepciones por incesto, o si fuera un clérigo quien transportara al menor. Pero uno puede obtener status de "clérigo" a través del Internet en unos pocos minutos, más aún, la ley debería detener a aquellos que son culpables de incesto. Por supuesto, la plata que ganan las clínicas de aborto se utiliza parcialmente para financiar las campañas políticas de los legisladores que los apoyan. Una vez más en el fondo se trata de un negocio.

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