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Amparo contra la ejecución

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Aún los que han sido condenados a muerte pueden cambiar la historia y salvar sus vidas.

Dos prisioneros sentenciados a muerte en Kentucky han presentado un recurso que la Corte Suprema decidió analizar. En caso Baze vs. Rees, los reclusos argumentan que el método de ejecución más común, la inyección letal, viola la prohibición de los castigos crueles e inusuales que establece la octava enmienda. De hecho, por lo menos la mitad de los reclusos condenados a muerte que enfrentan ejecuciones inminentes han presentado recursos contra los químicos que se utilizan en las inyecciones letales.

El hecho que un tribunal superior haya accedido a entender en este caso ha hecho que muchos estados suspendieran las ejecuciones hasta que esto se decida durante el 2008.

No se discute la constitucionalidad de la pena de muerte, sino una cuestión específica como es el tipo de químicos que se utilizan y el método de su aplicación. En los años 80, muchos estados que aplican la pena capital cambiaron la silla eléctrica por la inyección letal, bajo el supuesto que inyectar un cóctel venenoso sería menos doloroso y más humano. Desde la reintroducción de la pena de muerte hace tres décadas, aproximadamente 900 de las 1056 ejecuciones que se realizaron hasta el 2006 fueron por inyección letal.

La inyección letal contiene tres drogas que trabajan de la siguiente manera. Primero se administra un sedante por vía intravenosa, haciendo que el recluso quede inconsciente, después se aplica un agente que paraliza los músculos respiratorios y finalmente una dosis de cloruro de potasio que causa un paro cardíaco. Sin embargo, se ha objetado este método, incluso cuando se practica adecuadamente, porque deja abierta la posibilidad que el recluso esté consciente del dolor agudo pero no pueda expresarlo a causa del efecto paralizante de la droga. Más aún, dado que en la mayoría de los estados son oficiales penitenciarios y no médicos quienes administran la dosis fatal, el riesgo de error aumenta.

Luego ¿cuál sería el nivel de riesgo de dolor innecesario que hace que esto se vuelva un “castigo cruel e inusual”? Esa es la cuestión constitucional que la Corte debe decidir.

Mientras tanto, una cuestión similar ha aparecido en años recientes con relación al dolor que se inflinge en otro grupo de personas que han sido seleccionados para la muerte. En el último Congreso se presentó un proyecto de ley que permitiría la opción de darle medicamentos que reduzcan el dolor a un niño que será abortado, desmembrado 20 o más semanas después de la fertilización. Cada año se practican en los Estados Unidos solamente más de 18.000 abortos después de la 21a semana de gestación. Estos niños tampoco están en condiciones de expresar su dolor.

Un artículo publicado en 1994 en la prestigiosa revista británica de medicina, The Lancet, reveló que hay una reacción hormonal por stress en el feto. El artículo concluyó con la recomendación de utilizar analgésicos cuando se practican operaciones al feto. Los autores dijeron “esto se aplica no solamente al diagnóstico y los procedimientos terapéuticos sobre el feto, sino posiblemente también a la terminación del embarazo, especialmente por procedimientos quirúrgicos que involucran el desmembramiento.” En 1991 los asesores científicos del Consejo Médico Federal de Alemania hicieron una recomendación del mismo tenor.

¿Y qué de un recurso de amparo por las mismas razones humanitarias a favor de los niños por nacer que van a ser ejecutados?

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