El juez de la Corte Suprema John Paul Stevens ha anunciado su retiro. La vacante en la Corte Suprema reabrirá el debate que se ha venido dando en nuestra nación sobre el aborto. Ya sea que nos guste o no, la postura del nominado sobre la cuestión estará en el candelero durante el proceso de confirmación.
Si uno visita el Capitolio en Washington, DC eventualmente llega a un cuarto relativamente pequeño en el sótano. Es la antigua Corte Suprema. Antes de que tuviera su propio edificio en la vereda de enfrente, la Corte Suprema solía funcionar debajo del edificio en el que nuestros legisladores federales nos representan. Ellos sancionan leyes, los jueces no. Los jueces simplemente juzgan si una ley que ya existe ha sido violada en un caso particular, por alguien en particular.
O por lo menos eso es lo que se supone que hagan. Vivimos en una época de activismo judicial, o como alguien lo llamó, tiranía judicial. Los jueces eliminan leyes y escriben nuevas a diestra y siniestra, sin precedente y sin razón. La instancia más devastadora de este fenómeno en la historia de nuestra nación fue la decisión Roe vs. Wade que desencadenó el holocausto del aborto.
En resumen, la postura de un juez en las distintas cuestiones no debería importar. Los jueces no son políticos. No debería haber una lucha entre facciones tratando de hacer que alguien fuera confirmado porque comparte “su postura” en una cuestión en particular o porque son “moderados” en sus apreciaciones. Hace tiempo al comentar el concepto de “jueces moderados”, el magistrado Antonin Scalia dijo: “¿Qué rayos es una interpretación moderada del texto constitucional? ¿El punto medio entre lo que dice y lo que nos gustaría que dijese?”
Eso está muy bien. La gente a ambos lados de las principales cuestiones dice que no están a favor de una condición excluyente.
Pero si un juez hubiera escrito una opinión en una revista de leyes explicando por qué las mujeres no deberían tener el derecho al voto, ¿no sería esa cuestión y sólo ésa suficiente para que muchos descalificaran a esa persona para la confirmación? Y que si un nominado fuera miembro reconocido del Ku Klux Klan. ¿No sería ese hecho suficiente para descalificarlo de la consideración?
La realidad es que imponemos condiciones excluyentes todo el tiempo. Hay ciertos límites que la mayoría de la gente concuerda en que no deben ser traspasados.
Los jueces de la Corte Suprema no deberían fijar las políticas públicas y su nominación y confirmación debería basarse en sus calificaciones, nunca en su visión de cuestiones específicas.
Pero hay algunas cuestiones centrales a la naturaleza y el propósito mismo del gobierno que hacen que la postura que uno tiene en ellas se constituya en una calificación para el puesto. El propósito mismo del gobierno es la protección de los derechos humanos, comenzando con la vida. Ninguna corte puede legitimar un acto de violencia o abolir los derechos humanos. Cualquiera que omita afirmar eso no debe ocupar ningún cargo público, mucho menos el de juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El Senado de los Estados Unidos tendrá la responsabilidad de votar a favor o en contra del nominado por el presidente. Comencemos a decirles a nuestros senadores nuestra postura. Y por favor, ayúdenos a obtener apoyo en Facebook y en el siguiente enlace http://ow.ly/1xixP.