Las iglesias están automáticamente exentas de impuestos y aún así trabajan tan febrilmente para acatar las restricciones de la ley para mantener el estado de exención de impuestos bajo la Sección 501(c)(3), que uno pensaría que pende de un hilo. Pero una mirada de cerca a estas restricciones y sus orígenes brinda otra imagen.
En 1954, cuando el Congreso realizaba la enmienda del código de impuestos, el senador Lyndon B. Johnson de Texas se levantó un día para agregar una enmienda, en forma de restricción a la Sección 501 (c)(3). La enmienda trataba de que una entidad sería considerada exenta de impuestos bajo esta sección únicamente si fuera una tal que “no participara o interviniera en (incluso la publicación o distribución de las declaraciones) ninguna campaña política en representación de algún candidato a cargo público.”
¿Por qué Johnson hizo esto? Había ganado las elecciones para senador seis años antes con un margen de sólo 87 votos, y la validez de la misma elección era sospechosa. Ahí estaba de nuevo como candidato para ser reelecto y se esperaba que ganara contra su oponente, Dudley Dougherty. Pero dos organizaciones seculares sin fines de lucro, Facts Forum (El Foro de los hechos) y Committee for Constitutional Government (Comité para un Gobierno Constitucional), se pusieron del lado de Dougherty y lo apoyaron en una plataforma anticomunista cada vez más popular. Johnson consultó al Comisionado del IRS para determinar si estas organizaciones estaban violando alguna ley al involucrarse políticamente, pero se le informó que no era así. Fue en este contexto en que introdujo la enmienda, que alejó la posibilidad de que las organizaciones tomaran partido en las elecciones.
Cuando Johnson propuso la enmienda, no hubo discusiones, audiencias, debates, consideraciones de su base constitucional, ni siquiera una discusión sobre si también se aplicaba a las iglesias. De hecho, como lo destaca Erik W. Stanley (1), el ayudante en jefe de Johnson en 1854, George Reedy, sostuvo que “Johnson nunca habría deseado que fueran restricciones para las organizaciones religiosas”. La enmienda entró en comité y fue adoptada cuando se unieron las versiones de la ley de impuestos del Senado y del Congreso.
Y eso parece ser todo, una enmienda, como dice Stanley, que “no parece ser más que un intento de un senador poderoso para callar a los oponentes políticos de los que temía que pudieran estar arrebatándole sus posibilidades para la reelección.”
Cabe destacar que en 1987, las palabras "en oposición a" se añadieron a esta enmienda, por lo que ahora se lee “ninguna campaña política en representación de o en oposición aalgún candidato a cargo público.” Créase o no, esa adición también fue motivada por el propio interés de otros políticos que buscaban silenciar a las organizaciones sin fines de lucro.
Esa es la historia de la enmienda Johnson, que sigue vigente hoy en día y es citada a menudo por las diócesis en sus circulares oficiales para las parroquias. Pero la historia de su interpretación, aplicación y entrada en vigencia ha sido tan confusa e inconsistente que incluso el Servicio de Investigación del Congreso ha concluido con que “el límite entre lo que está prohibido y lo que está permitido puede ser difícil de distinguir.” (2)
Seguiremos examinando cuán absurdamente confusa es mientras continúa la historia.